En 2015 once maestros, maestras y administradores del Distrito Escolar de Atlanta (APS por sus siglas en inglés), fueron acusados de asociación delictuosa entre otros crímenes relacionados con un escándalo causado por los aparentes engaños efectuados por los oficiales escolares en los test estandarizados requeridos por la evaluación del estado. Todos fueron declarados culpables y obligados a llevar acabo penas que incluyeron cárcel, multas, libertad provisional y servicio comunitario. La duración de las penas de cárcel variaba de 6 meses hasta 20 años. Según los fiscales que presentaron los cargos, la superintendente del APS Beverly Hall incentivó la formulación de un sistema de pruebas corrupto al premiar a los maestros y maestras que enseñaban clases en que los estudiantes lograron notas altas y penalizar financieramente a aquellos instructores con estudiantes con notas más bajas. Aunque esta no fue la primera instancia de un escándalo de engaños por un distrito escolar en los EE. UU., llamó la atención de toda la nación por el alcance y la extensión del engaño. Los investigadores recibieron mucha laxitud del gobernador del estado de Georgia al escrudiñar y citar según vieran necesario.
Según la imputación, “Si una escuela alcanza más del 70% de sus objetivos [en las notas de los test estandarizados], todos los empleados de aquella escuela recibirán bonos. Es más, si ciertos objetivos al nivel administrativo o sistemático fueron obtenidos, la misma superintendente Beverly Hall se premiaba con bonos considerables”. La imputación añade, “cuando los directores, maestros y maestras no alcanzaron los objetivos establecidos por el distrito, su desempeño fue cuestionado, y los amenazaban con la pérdida de su trabajo, o en algunos, los despidieron en el momento. Tras mucho tiempo, las presiones exorbitantes de cumplir con los objetivos anuales del APS motivó a algunos empleados a engañar en los Test Estandarizados [de Criterios Referenciales]” (Criterion Referenced Compentency Test en inglés se refiere a los test estandarizados administrados en aquel entonces por el estado de Georgia). Los administradores, maestros y maestras manipulaban, alteraban, falsificaron y fraudulentamente certificaron las hojas de respuestas de los estudiantes para cumplir con los objetivos establecidos por el distrito para el mejoramiento de las notas en las pruebas de los test estandarizados.
Una investigación por el estado encontró que en más de la mitad de los colegios primarios del distrito habían engañado en los test estandarizados. Aproximadamente 180 maestros y maestros estaban involucrados. El enfoque de la investigación consideraba un período de 2005 a 2009, pero se supone que la práctica de engañar en los test estandarizados pudo haber comenzado tan temprano como el 2001. En aquel año, fue aprobada la ley conocida como Que ningún niño quede atrás (‘the No Child Left Behind Act’ en inglés). El escándalo de engaños en las pruebas por APS tuvo el efecto de fomentar un debate más robusto sobre la efectividad de los test estandarizados. Como notó la escritora Valerie Strauss, experta en asuntos educacionales, “¿Cómo pudo haber pasado [el escándalo de engaños por APS]? Que ningún niño quede atrás¸ la iniciativa principal del presidente George W. Bush, y después Carrera hacía la cima (‘Race to the Top’ en inglés) el programa de educación central del presidente Obama, ambos dieron cada vez más importancia al desempeño en los test estandarizados. Las notas se tendrán que subir, o si no habrá consecuencias negativas no solo para los estudiantes si no también para las escuelas, los maestros y maestras, administradores y directores.” Estas iniciativas a propósito enlazaron las notas de los estudiantes con la evaluación de los instructores y el sueldo que recibían.
Los críticos de los cargos llevados señalaron los efectos generalizados de la desigualdad en Atlanta y su sistema escolar. Periodista y miembro de la Asociación Nacional de Periodistas Afroamericanos Errin Whack comenta sobre los efectos de esta desigualdad, “Al final, tendrán que llegar a un compromiso ‘los dos Atlanta’ para encontrar soluciones que no abandonan ni condenan a partes de la ciudad ni a sus escuelas públicas al fracaso. Tanto en la percepción como en la realidad, se tiene que llegar a un balance en la zona metropolitana de Atlanta. Si no se lo alance, los niños y los instructores continuarán operando dentro de un sistema desequilibrado y encargado a lograr metas inalcanzables.”
Los estudiantes afroamericanos forman más del 80% de la población estudiantil en seis de las nueve escuelas secundarias en Atlanta. Los estudiantes angloamericanos están concentrados en dos escuelas secundarias en la misma zona donde se encuentra una concentración de adultos con una educación universitaria. Cada uno de los 11 maestros y administradores declarados culpable son afroamericanos. Brittney Cooper, profesora en estudios de género, estudios de la mujer y estudios africanos de la Universidad de Rutgers, escribió en defensa de los maestros y las maestras que “culpar a los maestros y maestras afroamericanos y afroamericanas por fracasar en un sistema diseñado justamente para que los niños y niñas afroamericanos y afroamericanas fracasaran, constituye una verdadera corrupción… Generación tras generación los niños y niñas afroamericanos y afroamericanas han sido víctimas de esta mendacidad en cuanto al valor que la nación atribuye a la educación.” En respuesta a los cargos, una madre de Atlanta dijo, “en este momento, no va a afectar a ninguna persona angloamericana, porque no ocurrió donde viven ellos.” Añadió que, “los niños van a pagar estas penas también.”