Samsung es la marca primera en cuota de toda Corea del Sur. Los negocios de la empresa se extienden por docenas de mercados distintos que incluyen productos electrónicos, electrodomésticos, semiconductores, farmacéuticos, seguros, tarjetas de crédito, y servicios como la construcción de edificios, entre varios otros. En conjunto, la conglomeración Samsung representa las tazas de exportación más altas en todo el país. En 2017, el mismo año en que la empresa se recuperaba de una retirada de las baterías defectuosas de los teléfonos celulares Galaxy Note 7, también se encontraba un escándalo más amplio con respecto a la influencia que ejerce sobre el gobierno surcoreano.
Lee Jae-yong líder de Samsung de tercera generación desde la fundación de la empresa por su abuelo en 1938. En 2017, Lee fue detenido bajo acusaciones de pagar sobornos a la entonces presidenta Park Guen-hye. La prosecución alegó que Lee, ente otros ejecutivos, ofrecieron pagar sobornos de ₩43,3 billones (aproximadamente $38 millones de dólares en aquel entonces) en forma de donaciones a organizaciones caritativas dirigidos por Choi Soon-sil. Choi era confidente cercano de la expresidenta Park que ejercía una gran influencia sobre ella. La prosecución alegó que $26 millones fueron desfalcados de los fondos corporativos de Samsung, y a cambio de sobornos, Choi iba presionar a Park a persuadir al gobierno a apoyar una incorporación de dos unidades distintas del grupo Samsung. Esta incorporación, representando un valor de $8 millones, consistía en la fusión de la corporación Samsung C&T, que controlaba un interés extensivo en Samsung Electronics, y Cheil industries, otra empresa del grupo Samsung. La incorporación fue aprobada y ayudó a Lee a mantener control sobre la conglomeración de Samsung más grande, a pesar de que su familia fuese titular de una fracción mínima de acciones de la empresa.
Lee fue declarado culpable de soborno, defraudación, la transferencia internacional ilegal de acciones, el ocultamiento de procedimientos criminales y perjurio. Fue sentenciado a 5 año de cárcel. Park fue impugnada y sentenciada a 24 años de cárcel bajo convicciones de soborno, coerción y abuso de poder. Choi fue declarado culpable de soborno, abuso de poder y la interferencia en asuntos públicos. Fue sentenciada a 20 año de cárcel y fue ordenada a pagar una multa de ₩18 billones (aproximadamente $17 millones en aquel entonces).
El juez Lee Jin-dong, quien presidía sobre el caso de Lee Jae-yong, dijo que “En el fondo de este caso reside la colusión entre el poder político y el poder económico”. Kang Won-taek, científico político de la Universidad Nacional de Seúl, comentó de la sentencia de Park, “espero que este juicio provea una buena oportunidad para cortar los lazos con el legado persistente de la colusión entre el poder político el mundo de los grandes negocios.”
En febrero de 2018, Lee fue puesto en libertad después de menos de un año de cárcel. Muchos criticaron su liberación prematura como señal de que las conglomeraciones manejadas por familias elites aún ejercían demasiado poder, mientras que otros recibían las noticias con buenos ojos al notar que Lee era un mero chivo expiatorio víctima del un sentimiento popular anti-conglomerático. Kim Kyong-man, ejecutivo de la Federación Coreana de Empresas Pequeñas y Medianas, dijo que “en un tiempo de empeoramiento del entorno empresarial, encarcelar a los negociantes durante mucho tiempo causa tremendos daños no solo a las empresas, pero también a la economía nacional.” Jun Sung-in, economista de la Universidad Hongik en Seúl, dijo que “Este es un retraso crítico para el país… Este caso nos muestra de nuevo que el poder judicial surcoreano no goza de la confianza del pueblo en cuanto a los casos que involucran los ‘caciques chaebol’ [grandes conglomeraciones manejadas por familias poderosas].”