En el 2010, El Buró Federal de Investigaciones de los EE. UU. (FBI por sus siglas en inglés) estaba llevando a cabo una investigación de un grupo de crimen organizado ruso. En un caso no relacionado en agosto del 2011, el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) estaba investigando a Chuck Blazer, un miembro de la Junta Ejecutiva de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), por su falta de declarar los impuestos sobre la renta personales. Posteriormente en el 2011 el FBI fusionó su investigación con la del IRS cuando empezaron a seguir las pistas de que posiblemente hubo corrupción en el proceso competición para ser anfitrión de la Copa Mundial de 2018 que se dio en Rusia y la de 2022 que se dará en Qatar.
Juntos el FBI y el IRS coordinaron con las agencias policiacas y diplomáticos de 33 países de todo el mundo para destapar un caso extenso de sobornos y pago de favores, todos involucrando oficiales de la FIFA. En el 2015, 14 oficiales y ejecutivos publicitarios de la FIFA fueron imputados por el Departamento de Justicia de los EE. UU. Los oficiales fueron detenidos en Suiza y extraditados a los EE. UU. donde cargos de fraude informático, asociación delictiva, y blanqueo de capitales, fueron levantados en su contra.
El Departamento de Justicia registró más de $150 millones en sobornos y pago de favores pagados a los oficiales de la FIFA. Los investigadores encontraron que los bancos estadounidenses fueron usados en el proceso, lo cual permite a los fiscales presentar el caso frente un tribunal estadounidense. Estos pagos no incluían millones de dólares en sobornos que tuvieron lugar fuera de los bancos estadounidenses. Blazer cooperó con los fiscales de los EE. UU. y reveló los detalles de los sobornos, incluyendo un soborno de $10 millones que recibió el gobierno sudafricano antes de la Copa Mundial de 2010.
La investigación encontró evidencia de pago de sobornos desde los 1990. Los sobornos también incluían acuerdos relacionados a la venta de derechos de emisión, mercancías y patrocinio. El abogado John Buretta describe, “las alegaciones revelan que tenía todo que ver con seleccionar, seleccionar dónde iba tener los eventos, seleccionar quién iba tener los derechos de emisión. Eran esas decisiones claves que fueron bastante lucrativos para los recipientes que crearon cierto poder aquí.”
La puja para albergar el mundial es una competición feroz porque ser anfitrión del torneo puede tener un impacto económico significativo en el país, además del prestigio de albergar uno de los mayores eventos deportivos en el mundo. Albergar la Copa Mundial requiere una gran inversión al comienzo del proceso. Pero para algunos países albergar el mundial podría hasta desatar un boom turístico y reforzar la reputación del país anfitrión para la inversión internacional y crecimiento económico a largo plazo.
Mientras se avanzaba en la investigación, 16 oficiales más fueron acusados por su participación en el complot, además de dos otros oficiales que se rindieron voluntariamente. La mayoría de los que fueron imputados se declararon culpables, mientras que algunos todavía siguen en espera de juicio en mayo de 2018. En sus comentarios sobre el impacto de los escándalos, la entonces Procuradora General de los EE. UU. Loretta Lynch dijo que, “se les esperaba que defendieran las reglas y que mantuvieran honesto el futbol, y que protegieran la integridad del deporte. En vez de hacerlo, corrompieron el negocio del futbol internacional para servir sus propios intereses y enriquecerse.”
La detención de los oficiales en los EE. UU. condujo a que muchos otros países llevasen a cabo investigaciones criminales internas de la FIFA. Rusia y Qatar ambos negaron haber cometido delito alguno en la puja para albergar los mundiales de 2018 y 2022, respectivamente. La FIFA introdujo un proceso más rigoroso para la puja para ser anfitrión del mundial de 2026.