En el 2002, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) le pidió a Joseph Wilson, diplomático estadounidense y esposo de la agente de la CIA Valerie Plame, que investigara alegaciones de que Saddam Hussein había comprado uranio amarillo en Níger. Wilson viajó a Níger y no encontró ninguna evidencia de esto. No obstante, durante el discurso del estado de la unión del 2003, el presidente George W. Bush anunció, “El gobierno británico ha descubierto que Saddam Hussein recientemente compró cantidades significantes de uranio en África.” El 6 de Julio del 2003, Wilson refutó esta información en un artículo editorial del New York Times. Una semana después, el periodista Robert Novak público una pieza de opinión en el Washington Post criticando a Wilson y revelando informaron identificando a Plame como una agente de la CIA. Otro periodista, Matthew Cooper, escribió en la revista Time que oficiales del gobierno le informaron que la esposa de Wilson era empleada por la CIA. Plame era una agente encubierta clasificada y su estatus de empleo no era información pública. Su jefe, Brewster Jennings, fue así desenmascarado como una empresa usada como frente de la CIA y sus empleados a nivel mundial fueron puestos en riesgo.
La CIA le pidió al departamento de justicia investigar la revelación de la información. Bush dijo que si la revelación había ocurrido por parte de su administración “y si la persona violó la ley, esa persona será procesada de acuerdo a la ley.” Después dijo, “Si alguien cometió un crimen, no trabajaran más en mi administración.” Un consejero especial examinó las violaciones legales y un gran jurado convocó al periodista involucrado, al igual que a varias personas de la administración de Bush con un enfoque en el ayudante presidencial Karl Rove y Scooter Libby, el jefe de gabinete del Vicepresidente Dick Cheney.
Cooper admitió que Rove le dio tanto el nombre de Plame como su empleo, mientras que Rove contendía que el solamente se había enterado de su nombre por otros periodistas. La evidencia sugería que Cheney le pudo haber informado a Libby. Eventualmente, la fuente fue revelada como Richard Armitage, secretario diputado de estado en aquel entonces. Armitage al final no fue juzgado porque no había evidencia que comprobara que él sabía que el empleo de Plame era secreto, y por eso, no era ilegal que lo revelara.
La única persona juzgada por la revelación fue Libby. Fue cargado con dos cuentas de perjurio, dos cuentas de dar testimonios falsos, y una cuenta de obstrucción de justicia. Estos cargos surgieron del testimonio que dio durante la investigación, no la revelación de información inicial. El resignó de su posición, y después fue multado y sentenciado a 30 meses en una prisión federal. El presidente Bush cambió el tiempo que pasaría en prisión pero dejó las multas intactas. Cheney agresivamente trató que le otorgaran un perdón presidencial para Libby y se dice que estaba muy enojado con Bush por reusarse a dárselo. Bush públicamente dijo que respetaba el veredicto de la corte, pero Cheney sentía que Libby no había hecho nada inapropiado.
Wilson y Plame eventualmente hicieron una demanda civil en contra de Rove, Libby, Cheney, y Armitage por su papel en difundir su identidad. La demanda fue descartada y la corte suprema de Estados Unidos reusó a escuchar el caso en apelación.