En Septiembre del 2010, el parlamento francés aprobó un proyecto de ley prohibiendo a las personas cubrir su rostro en áreas públicas. Aunque esta ley se aplicaba a todos los ciudadanos y a todas las forma de cubrimiento del rostro, se dio a conocer como la “ley de burka” francesa ya que la discusión alrededor de la ley se enfocaba en mujeres Musulmanas que usan burkas – una vestimenta religiosa que cubre el rostro y el cuerpo- en la via pública.
Legisladores franceses argumentaron que la ley era importante para la separación de la iglesia y el estado como también la emancipación de las mujeres. Al igual que la ley del 2004 que prohibió el uso de símbolos religiosos conspicuos en escuelas púlicas, incluyendo pañuelos musulmanes y cruces cristianas, esta ley trataba de restringir aún más la expresión e iconografía religiosa en espacios públicos en Francia. Algunos legisladores argumentaban que la burka representaba un símbolo de inequidad de género que forzaba a las mujeres a asumir un estatus inferior a los hombres en público. Según estos legisladores, la ley liberaría a las mujeres de una subcultura discriminatoria y patriarcal.
Sin embargo, algunos en la comunidad musulmana francesa vieron a la ley como un infrancción de la libertad religiosa y una práctica de imperialismo cultural. Ellos argumentaron que los legisladores franceses estaban imponiendo sus ideas de igualdad de género en su cultura. Muchos de ellos, incluyendo algunas mujeres, argumentaron que el uso de burkas en realidad emancipaba a las mujeres de la objetificación física tan común en la cultura occidental. Numerosas mujeres protestaron la ley poniéndose burkas y yendo a las oficinas de los legisladores que apoyaban la ley. Otros reportes por parte de mujeres individuales sugirieron que la ley creaba una atmosfera más hostil hacia las mujeres islámicas en Francia. Una de estas mujeres criticó la ley diciendo, “Mi calidad de vida ha sido seriamente deteriorada a raíz de la prohibición… los políticos declararon que nos estaban liberando; lo que han hecho es excluirnos de la esfera social.”
La ley fue desafiada en el 2014 y fue llevada a la Corte Europea de los Derechos Humanos. La corte sostuvo la legalidad de la ley.