El 24 de Junio del 2004, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió escuchar el caso de Cheney contra el Tribunal del Distrito de los EU. Al creer que el manejo del Vicepresidente Dick Cheney de la fuerza especial de energía violó el Decreto Federal del Comité de Asesoría, como también sospechó influencia indebida en decisiones gubernamentales de la industria energética, dos grupos ambientales—el Club Sierra y Judicial Watch—demandaron para exigir la revelación de documentos oficiales relacionados a las reuniones que sostuvieron. Cheney y otros funcionarios del gobierno pidieron que se descartara la demanda, pero el tribunal federal del distrito Washington D.C. ordenó a los acusados que produjeran información sobre la fuerza especial. Los acusados apelaron la decisión, pero una Corte del Circuito también exigió que los acusados cedieran esta información. Los acusados apelaron de nuevo, esta vez a la Corte Suprema. Una mayoría de la Corte Suprema declaró que la Corte del Circuito, por razones administrativas, debe reconsiderar la apelación de los acusados siguiendo los nuevos reglamentos legales presentados por la Corte Suprema. Los que se opusieron a esta decisión declararon que los tribunales inferiores estaban en lo correcto, y que el caso debe regresar a la Corte del Distrito donde podría proceder. El Juez Antonin Scalia votó con la mayoría, pero también dijo que estaba a favor de rechazar el caso y darle la razón a Cheney y sus asociados. El Juez Scalia también presentó una declaración explicando por qué se oponía a peticiones de que se desvinculará del caso.
La decisión del Juez Antonin Scalia a favor de Cheney fue controversial. Aunque el caso en contra de Cheney seguía pendiente, Scalia realizó un viaje de caza de patos con el acusado Cheney y otros, el cual se reportó ampliamente. La ley federal mantiene que “cualquier juez debe ser descalificado de cualquier procedimiento en el que su objetividad puede ser cuestionada.” Los que se oponían al Juez Scalia creían que era razonable cuestionar su imparcialidad. Stephen Gillers, un profesor de derecho en la Universidad de Nueva York y experto en ética legal, declaró, “Un juez puede tener una amistad con un abogado, eso está bien. Pero si el abogado tiene un caso pendiente ante el juez, no debería socializar hasta que se concluya. Eso demostraría respeto por mantener la confianza del público sobre la integridad del proceso.”
Los que defendieron al Juez Scalia argumentaban que estas críticas estaban políticamente motivadas por gente que no querían que Scalia votara en este caso. Dijeron que era común que los jueces tuvieran amistades con actores políticos que podrían estar involucrados en casos que se presentarían ante la corte. Defendiendo sus acciones, Scalia declaró, “Interacciones sociales con oficiales de alto rango…nunca se han considerado incorrectas para jueces que pueden tener casos pendientes con algunas personas involucradas…Por ejemplo, con frecuencia los jueces de la Corte Suprema son invitados a comer a la Casa Blanca, independientemente de que si hay o no interés por presionar o prevenir alguna acción ejecutiva.”