En diciembre del 2015, la FBI obtuvo el iPhone de uno de los involucrados en un ataque terrorista inspirado por ISIS que mató a 14 personas en San Bernardino, California. Como parte de la investigación, la FBI intentó obtener acceso a la información que guardaba en el celular pero no pudo penetrar el sistema de encriptación. Abogados de la administración de Obama pidieron ayuda a Apple para poder desbloquear el aparato, pero las negociaciones pronto se estancaron. El departamento de justicia obtuvo una orden de la corte pidiendo a Apple que ayudara a la FBI a desbloquear el celular. El CEO de Apple, Timothy Cook, retó públicamente a la corte por medio de una carta abierta, causando un arduo debate sobre el balance entre mantener la seguridad nacional y la protección de la privacidad de los usuarios.
Apple y sus simpatizantes, incluyendo empresas tecnológicas más conocidas como Google y Facebook, se basaron en la idea de que la orden de la violaba la privacidad de todos los individuos. Primero, según Apple, la orden requería que la empresa escribiera código, violando su primero derecho constitucional a la libertad de expresión al forzar que la empresa “dijera” algo que no quería decir. Casos previos de la corte habían ya establecido que el código de las computadoras es discurso legalmente protegido. Segundo, al crear tal salida, podría caer en manos equivocadas y amenazar la privacidad de todos los usuarios del iPhone. Finalmente, establecería un precedente peligroso: cuerpos policiales podrían pedir a empresas como Apple que les ayuden en investigaciones criminales, haciendo de las empresas tecnológicas una agencia gubernamental más.
Representantes de ambos partidos políticos ofrecieron varios argumentos a favor del Departamento de Justicia y en contra de la postura de Apple. Su argumento central era que el sistema legal de los EU establece límites al acceso que puede tener el gobierno a información privada, y en casos de abuso de poderes de vigilancia. A la vez, la ley ya le otorga a las autoridades acceso a información que facilita la prevención y prosecución de actividades criminales, de terrorismo, narcotráfico, a pornografía infantil. Los que critican a Apple también rechazaron el argumento de que todos los usuarios de iPhone se verían afectados ya que si cooperaba Apple, la empresa podría bloquear el código y mantenerlo fuera de las manos de grupos terroristas o criminales. Además, acusaron a Apple de simplemente querer proteger su marca y de ser poco patriótico al no acatarse a la orden de la corte.
Al final el FBI abandonó su caso porque logro evitar tener que penetrar el sistema de encripción en el iPhone sin la ayuda de Apple.